El proyecto Plan Parcial Sau-8 Costa del Faro, promovido por el Ayuntamiento de La Oliva pretende construir seis hoteles de lujo con 6.000 camas y un campo del golf en El Cotillo, además de otros equipamientos asociados: una depuradora, una estación transformadora y un emisario submarino. El Ayuntamiento de La Oliva formula, tramita y aprueba su propio Plan de Objetivos Ambientales. Las obras se ponen en marcha.
Junio 2001
Enero 2002
Febrero 2002
Octubre 2003
Noviembre 2003
Contamos
con el respaldo de grupos sociales y operadores turísticos europeos
en la lucha contra estos nuevos establecimientos alojativos. TUI,
empresa alemana líder mundial en su sector, y Thomson,
compañía británica asociada a la anterior, rechazan la
promoción de la zona. Euronatur, organización
medioambiental alemana con más de 100.000 socios, lleva a cabo una
campaña en su país en favor de la paralización de las
obras.
La presión ciudadana ejercida desde el año
2000 y el trabajo de los diferentes colectivos, unido al destacado papel de
los abogados de esta organización y al de la propia Fiscalía
de Medio Ambiente, han sido fundamentales para las pequeñas victorias
en esta lucha. De ganarla finalmente, habremos conseguido evitar la construcción
de 6.000 camas en uno de los lugares más emblemáticos
del archipiélago.
Mientras los tribunales debaten la ilegalidad del Plan parcial Costa
del Faro y el TSJC suspende cautelarmente las obras, las obras todavía
no se han paralizado, y avanza el cemento en El Llano del
Tostón, causando daños irreparables.
Diciembre 2003
Diciembre 2003
Diciembre 2003
Febrero 2004
Una
semana después de que el ayuntamiento haya paralizado las obras de
la urbanización turística del Cotillo, obedeciendo el auto del
TSJC, la empresa promotora sigue trabajando incluso los sábados
por la tarde. Varios ciudadanos y miembros de Ben Magec-Ecologistas en Acción,
entre los que se encontraba Deborah Prado, abogada de esta organización,
pudieron presenciar como se realizaban diversos trabajos en la zona del Cotillo
este sábado, 21 de febrero, por la tarde.
Exigimos al Gobierno de Canarias y a la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Rural que controlen de una vez por todas
las actividades de esta empresa en la zona y que no sigan permitiendo
que la zona continué deteriorándose. Además, demandamos
que la Agencia de protección estudie lo que este pasando para que tome
medidas sancionadoras contra lo que constituye una ilegalidad
y un atentado contra el medio ambiente.
Febrero 2004