Agosto 2003 Noviembre 2003

EXTRACCIÓN ILEGAL DE ÁRIDOS EN COSTA LAIRAGA

  Desde junio de 2003 y hasta la fecha actual (diciembre de 2003) se está realizando una extracción de arenas calcáreas en el lugar denominado Costa Lairaga del término municipal de Moya, sobre una superficie de unos 100.0000 m2 situada entre la Carretera del Norte C-810 y la Carretera de San Felipe.

   Ben Magec - Ecologistas en Acción ha presentado un escrito ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural denunciando la situación, ya que tras estudiar la información que se ha podido recabar en el Ayuntamiento de Moya, es razonable suponer que dicha explotación reúne las siguientes irregularidades:

Carece de Licencia Municipal
de Actividades Clasificadas (actualmente está en información Pública), lo cual constituye una infracción muy grave de la Ley 1/1998.

La Licencia Municipal de Explotación (09/07/2002) estaría viciada por un informe técnico irregular, pues no se demuestra que tenga autorización de la Consejería de Política Territorial, y porque la extracción se está desarrollando en suelo Rústico de Protección Paisajística y parte de la misma invade un Sistema General de Espacios Libres.

La extracción de áridos se está realizando en los 100 m. de servidumbre de Protección de Costas, lo que constituye una infracción muy grave de la Ley y Reglamento de Costas. Ha sido solicitada autorización, que ha sido denegada desde 1993.

La explotación no se ajusta a los condicionantes de la Declaración de Impacto Ecológico (19/01/1993) de la Dirección General de Urbanismo. La autorización solicitada fue denegada en 1996.

La autorización de la Dirección General de Industria (1993) está caducada, y el Proyecto Técnico de Ingeniería no está visado, además de incumplir el Reglamento de Actividades Mineras

La extracción de áridos también incumple con el T.R. de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

El trámite de información Publica Municipal tiene graves irregularidades, por ocultar información ambiental fundamental, por prohibir realizar copias de la documentación, y por carecer de la documentación exigida reglamentariamente para la tramitación de la Actividad Clasificada.

  Es pública y notoria la magnitud y gravedad de la actividad, y no hay constancia que se hayan tomado las mínimas medidas preventivas o sancionadoras por los órganos de vigilancia, continuando hoy mismo dicha actividad evidentemente ilegal.

Ben Magec - Ecologistas en Acción
Diciembre de 2003



RESPUESTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL


La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
RESUELVE:

- Ordenar el cese en los actos de extracción de áridos y la suspensión de las demás obras de referencia, en El Roque-Costa Lairaga, del término municipal de Moya, de las que resulta ser presunta responsable la entidad Costa Lairaga S.A.

- Proceder al precintado de los mismos, y en su caso, de la maquinaria y materiales afectos a aquella.

- Advertir al interesado que el incumplimiento dará lugar a la retirada de la maquinaria y materiales (...). Advertirle igualmente que la inobservancia de la presente orden es constitutivo de una infracción muy grave tipificada en el articulo 202,4 b de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales.

- Requerir al afectado para que en el plazo de TRES MESES inste la legalización de los actos referidos, mediante la solicitud de la correspondiente calificación territorial y demás títulos habilitantes (...), advirtiéndole que de no proceder en consecuencia (...) se acordará la imposición de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por plazo de un mes e importe en cada ocasión, del 5 % del coste de las obras, en su caso y como mínimo de 601,01 €.

- Advertir a los responsables de la alteración de la realidad que si repusieran ésta por si mismos, a su estado anterior, tendrán derecho a la reducción de un 75 % que deba imponerse en el procedimiento sancionador.

Contra el presente acto (...) cabe interponer recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación (18 de julio) sin perjuicio de posible recurso contencioso administrativo ante TSJC en el plazo de dos meses.

Julio de 2004


RECURSO PRESENTADO POR BEN MAGEC - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Ben Magec - Ecolgistas en Acción SOLICITA
 
1) La comprobación, mediante la práctica de las actuaciones de inspección e instrucción pertinentes, de la legalidad de la  EXPLOTACIÓN DE ARENAS “EL ROQUE”, así como también de los actos dictados por las Administraciones en ejecución o aplicación de este Texto Refundido, especialmente de los que autoricen la realización de dicha explotación.
 
En concreto, se considera imprescindible que se investigue y documente los siguientes extremos:
 
DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE ARENA

a) Esta extracción de arena es una obra consumada, con inicio de la actividad antes de junio de 2003 y paralización a finales de diciembre de 2003, en un lugar físico perfectamente delimitado, con un proyecto técnico y un promotor reconocido (se adjunta esquema con superficies aproximadas, en gris la zona excavada, en amarillo la zona de rellenos, y la línea roja con la servidumbre de protección paralela a la costa).

b) Esta extracción de arena está expresamente prohibida por las Normas Subsidiarias vigentes. Todo el territorio afectado actualmente por la explotación (54.300 m2), entre la carretera de San Felipe y la GC-C810, tiene la calificación de “Suelo Rústico de Protección Paisajística”. La normativa de las NNSS (Art.37) prohíbe expresamente los movimientos de Tierra para abancalamientos o aterrazamientos, vertidos o acumulaciones de tierra en general (11.800 m2), y extracciones de áridos en particular (42.500 m2).

c) Esta extracción de arena está expresamente prohibida por la Ley de Costas y su Reglamentes. Gran parte del territorio afectado actualmente por la explotación (26.900m2), a menos de 100 metros de la rivera del mar, es zona de servidumbre de protección de costa. En concreto, según el Art 63.2 de la Ley “Quedarán prohibidas la extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas”, y según su Reglamento “Art. 45. 1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.”

d) Esta transformación del suelo y su uso como cantera de arena no solo es ilegal , sino que además no se puede legalizar. No se pueden aplicar el instrumento de la “Calificación Territorial”,  previsto por el Art.27 del  DL-1/2000,  por tratase de un uso en suelo rústico explícitamente prohibido.

e) Tampoco se puede legalizar con un “Proyectos de Actuación Territorial”, previsto por el Art.25 del  DL-1/2000, ya que además de la imposibilidad de justificar la excepcionalidad por su “interés general”, en cualquier caso no se puede implantar en suelo rústico clasificado como de protección ambiental.

f)  Esta explotación minera es una “Actividad clasificada” por sus molestias según la Ley 1/1998 de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, que el promotor ha realizado sin la preceptiva autorización, ya que todavía estaba en información pública cuando la explotación se estaba agotando en diciembre de 2003, lo cual supone una infracción muy grave.
Además, se han incumplido las obligaciones de comprobación, Inspección y adopción de medidas cautelares y/o sancionadoras, por parte de los Organismos Públicos responsables (Ayuntamiento, Cabildo, Servicios de Policía...), según la Ley 1/1998

g) Esta explotación minera es una actividad sometida a “Evaluación de impacto ambiental” según la Ley 6/2001 de modificación del RD 1302/1986  de evaluación de impacto ambiental. En su Anexo I /Grupo 2. Industria extractiva, se incluye a las explotaciones visibles desde autovías, carreteras comarcales [GC-C810/GC-A2],y las explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que pueda visualizarse desde cualquiera de sus límites establecidos [Parque Rural Doramas], o que supongan un menoscabo a sus valores naturales [suelo rústico de protección paisajística].
El proyecto de explotación de arenas “El Roque” dispone de Declaración de Impacto Ecológico (BOC 45/1993), con la categoría de evaluación de impacto ambiental, la resolución resulta ser condicionada y tiene carácter vinculante (anexo2).
La explotación no ha cumplido las condiciones de la resolución (por ejemplo, la Servidumbre de Protección de Costas).
 
 
DEL PROMOTOR PRIVADO

 
h) La entidad Costa Lairaga S.A, que figura como “presunta responsable” de las obras de referencia en El Roque-Costa Lairaga, del término municipal de Moya, no existe desde el 13 de mayo de 2003,  al disolverse la sociedad sin liquidación y ser absorbida por Promociones Tinojai, S.L. (BORME N 130 del 11/07/20003, anexo 3).

i) D. Miguel Escudero del Castillo, que desde el inicio de la tramitación de la extracción de arena, en marzo de 1991, se ha personado como Consejero Delegado de Costa Lairaga S.A., actúa por cuenta propia desde mayo de 2003 cuando manifiesta ser representante de una entidad mercantil inexistente, siendo el promotor unipersonal de la explotación de arenas “El Roque” durante toda la fase de extracción (junio-diciembre 2003).
En concreto, el 29/09/2003 solicita la Licencia de Actividad Clasificada en el Ayuntamiento de Moya, firmando con su puño y letra como representante de Costa Lairaga , S.A., tal como luego se publica en el BOP de Las Palmas del 14/11/2003. (anexo 4)
 
 
DE LA TRAMITACIÓN MUNICIPAL
 
j) El Acuerdo Municipal del pleno del 09/07/2002 concede “Licencia de explotación de arenas naturales”, con el informe favorable del Arquitecto Municipal (03/06/2002), condicionada a la tramitación del correspondiente expediente de “Actividad Clasificada”.
Dicho acuerdo es totalmente contrario a derecho, por lo cual debe ser revocado y se deben investigar responsabilidades en los agentes responsables, con los datos que se aporta en los siguientes apartados.
 
k) El expediente sometido a información pública en las oficinas municipales, consultado el 27/11/2003, de solicitud de licencia municipal para la explotación de una cantera de arenas calcáreas , con emplazamiento en El Roque - Costa Lairaga, del barrio de costa, en cumplimiento del art. 16.a de la Ley 1/1998 de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, contiene documentos contradictorios y carece de otros documentos fundamentales. Además, el Sr. Secretario ha prohibido obtener copias y acceder a otros documentos públicos imprescindibles (véase denuncia original).
 
 
DEL ARQUITECTO MUNICIPAL
 
l)  El Arquitecto Municipal ha emitido un informe favorable (03/06/2002), por el cual  el Pleno Municipal del 09/07/2002 concede “Licencia de explotación de arenas naturales”, El contenido de dicho informe, al que el Secretario ha prohibido acceder, es fundamental para valorar su legalidad por las siguientes razones:
En dicho informe el Arquitecto Municipal afirma que “dicha explotación tiene autorización de la Consejería de Política Territorial según Sentencia TSJC 551/01” (referencia 2523/96), de 10/05/2001. Dicha afirmación es contradictoria con el contenido de la sentencia del TSJC en la que se expone expresamente que NO autoriza dicha explotación, según la trascripción (de puño y letra) que se ha podido hacer de dicha sentencia del TSJC:
 
“Considerando: La estimación del recurso debe ser solamente parcial, en el sentido de reconocer el derecho de la entidad recurrente a una resolución definitiva, con aplicación a lo previsto en la LOUSR (Ley 5/1987), pero no el derecho a una resolución necesariamente favorable, para lo cual la propia Administración deberá valorar la excepcionalidad de la decisión”.
“Fallo: Se anula la Orden 13/09/1996 de la Sra. Consejera de Política Territorial, que desestimó el Recurso Ordinario de la entidad “Costa Lairaga” contra la Resolución 09/04/1996 que ha denegado la autorización (de la explotación)”
 
Por otro lado, ya se ha comentado en los apartados b) y c) que es totalmente ilegal la extracción de arena de Suelo Rústico de Protección Paisajística (Normas Subsidiarias) y en la Zona de Servidumbre de Protección de Costa (Ley y Reglamento de Costas).
 
m)   El 2 informe elaborado por el Arquitecto Municipal, Juan José González Rodríguez (08/10/2003), que figura en el expediente sometido a información pública, afirma que la actividad se realiza en “Suelo  Rústico” y de “Sistema General”, según el texto refundido de las Normas Subsidiarias (04/12/1999), y que la “industria que se pretende instalar es de 1 categoría, cumpliendo las determinaciones del Art. 231 y debe cumplir con los condicionantes del Art. 251 de la Normativa de las NNSS”. Se certifica que SÍ procede proseguir el trámite por NO incumplir el planeamiento y las ordenanzas municipales
 
Consultadas las Normas Subsidiarias vigentes, se comprueba que la actividad minera de extracción de áridos se pretende implantar sobre terrenos clasificados como Suelo Rústico de Protección Paisajística, y además, parte de la excavación ocuparía terrenos que están destinados a Sistema General de Espacios Libres Recreativos y Deportivos. La normativa mencionada por el arquitecto carece de todo fundamento. La normativa realmente aplicable de las NNSS (Art.37) prohíbe expresamente los movimientos de Tierra para abancalamientos o aterrazamientos, vertidos o acumulaciones de tierra en general, y extracciones de áridos en particular.
 
Además, resulta sorprendente que no se ponga objeciones a la explotación de una cantera de áridos en un suelo destinado a sistema general de equipamientos y dotaciones municipales, y que no se mencione que en el centro de la explotación figura la “casa de la roca”, un bien patrimonial que figura en las NNSS como pre-catalogado.
 
 
DEL SECRETARIO MUNICIPAL
 
n) El Secretario Municipal ha debido emitir el preceptivo informe jurídico favorable, por el cual  el Pleno Municipal del 09/07/2002 concede “Licencia de explotación de arenas naturales”, El contenido de dicho informe, al que se no se ha podido acceder, es fundamental para valorar su legalidad por las siguientes razones:
 
En dicho informe el Secretario Municipal debería haber comprobado que dicha explotación tiene autorización de la Consejería de Política Territorial, al tratarse de una actividad sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, y cuya Declaración de Impacto Ecológico es vinculante, obligando a cumplir plenamente su condicionado. Los Proyectos Técnicos del expediente (planos y Memorias) no se ajustan con lo establecido en el Apéndice de Condicionantes (12 puntos) de la Resolución de 19/01/1993 de la Dirección General de Urbanismo sobre Declaración de Impacto Ecológico,  considerando que tal resolución resulta ser condicionada y vinculante,  y que “12) Toda la documentación adicional solicitada en este condicionado deberá presentarse en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, para su supervisión, antes de la aprobación definitiva del proyecto por parte del órgano sustantivo”.
 
Además, la Sentencia TSJC 551/01” (referencia 2523/96), de 10/05/2001 mencionada en el informe del Arquitecto Municipal, por su carácter judicial era preceptivo que fuera informada por el Funcionario Competente, para el cual resulta evidente que en el contenido de la sentencia del TSJC se expone expresamente que NO autoriza dicha explotación.
 
o) El Secretario Municipal es el responsable del proceso de información pública del  expediente de licencia municipal de actividades clasificadas de extracción de arenas “El Roque”. La documentación expuesta al público carece de un índice de documentos, u otro documento diligenciado por del Secretario, que permita comprobar que entre los documentos expuestos “están todos los que son y son todos los que están”. En particular, en su momento se detectaron la carencias de documentos fundamentales, que se menciona en el apartado G del informe de la primera denuncia.
 
Se considera de extrema gravedad la actitud antirreglamentaria del Secretario Municipal al prohibir obtener copia de documentos expuestos en la Información Pública, y acceder a información ambiental de expedientes municipales. La negativa pública y contumaz del Secretario de cumplir con sus deberes como funcionario público, encubriendo hechos y procedimientos ilegales o delictivos, lo convierten en sospechoso de prevaricación o ser colaborador, cómplice o implicado de un expediente disciplinario.
 
Como prueba, se adjuntan dos instancias (anexo 5) que en la fecha actual no han sido tramitadas, con los siguientes argumentos:
 
Mediante instancia dirigida al Alcalde de Moya, con registro 27/11/2003, se ha denunciado que, habiéndose solicitado copia de los documentos relacionados en el apartado anterior (B.2), el Secretario Municipal en persona ha prohibido la realización de las fotocopias solicitadas, a pesar de  ser advertido explícita y públicamente ante testigos, del apartado 8 del Art. 37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (“El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas”). En dicha instancia también se solicita formalmente:
1. Obtener copia de los documentos solicitados, para su estudio detallado (18 páginas).
2. Ampliación, con suspensión temporal, del periodo de información pública hasta la entrega de la documentación.
 
Mediante otra instancia dirigida al Alcalde de Moya, también con registro 27/11/2003, se ha denunciado que, habiéndose solicitado acceder al informe favorable del Arquitecto Municipal (03/06/2002), documento citado en Acuerdo Municipal de licencia de explotación de arenas calcáreas en el Roque (09/07/2002) y que no figura en el del expediente sometido a información pública, el Secretario Municipal en persona ha prohibido acceder a dicho documento, habiendo reconocido que el documento se hallaba en la propia oficina, y a pesar ser advertido explícitamente de que se trata de una actividad sometida a “Declaración de Impacto Ecológico”, y de lo expuesto en la Ley 38/1995 sobre el Derecho de Acceso a la información Ambiental (“Artículo 1. Derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente. Todas las personas, físicas o jurídicas, tienen derecho a acceder a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado y con garantía, en todo caso, de confidencialidad sobre su identidad”). En dicha instancia también se solicita formalmente:
1. Se tomen las medidas reglamentarias.
2. Acceder y obtener copia de todo el expediente.



2) Que se tomen medidas administrativas y disciplinarias para la eficaz adopción de las medidas cautelares previstas en este Texto Refundido, en especial las de suspensión, en los supuestos y términos contemplados por el mismo y respecto de los actos de ocupación, transformación y uso del suelo, así como de las actividades que incidan en los restantes recursos naturales, que no cuenten con las preceptivas concesiones o autorizaciones administrativas o incumplan las condiciones legítimas de las que los amparen
Se denuncia explícitamente el retraso injustificable de 7 meses y medio en ordenar el cese de una actividad escandalosamente ilegal, cuando la gravedad documentada de las agresiones obligaba a tomar medias cautelares como la paralización inmediata, y no ahora que los promotores ya han expoliado y destrozado un tramo costero de suelo rústico de protección paisajística y servidumbre de costa.
 


3) La instrucción de aquellos procedimientos sancionadores para la persecución de las infracciones a las normas protectoras del medio ambiente y las de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, cuya competencia tenga atribuida directamente o le haya sido transferida o delegada.
 
De los datos expuestos en anteriores apartados se deducen racionalmente las infracciones que se desglosan a continuación, a las cuales corresponden la incoación simultánea de tres tipos de expedientes de tramitación simultánea, además de la obligación de resarcir daños y la reposición de los bienes afectados:
 
L-07-1990 DISCIPLINA URBANISTICA Y TERRITORIAL. Artículo 20.

1. La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística vigente, y en los Planes, Programas, Normas y Orde-nanzas, dará lugar a la incoación simultánea de tres tipos de expedientes cuya tramitación y resolución serán compatibles entre sí:
   a)  Expedientes de suspensión de actuaciones y de suspensión o anulación de actos administrativos.
   b)  Expedientes de restauración del orden jurídico infringido y de la realidad alterada y transformada.
   c)  Expedientes sancionadores.

2. Tales medidas se adoptarán con independencia de la obligación del resarcimiento de daños y de la indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.

3. En caso de que de lo actuado se deriven eventuales responsabilidades de orden penal, el expediente sancionador se remitirá a los Tribunales de Justicia, suspendiéndose su tramitación hasta que aquellos resuelvan definitivamente.

4. En ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.
 
a) La extracción de arena está expresamente prohibida por las Normas Subsidiarias vigentes. Todo el territorio afectado tiene la calificación de “Suelo Rústico de Protección Paisajística” y la normativa de las NNSS prohíbe expresamente los movimientos de Tierra para abancalamientos o aterrazamientos, vertidos o acumulaciones de tierra en general (11.800 m2), y extracciones de áridos en particular (42.500 m2). La actividad de extracción de áridos que se realiza desde junio de 2003 hasta la actualidad incumple el DL 1/2000 del T.R. de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENAC). Considerando el Art 202.3.b), la realización de actividades de transformación del suelo sin la cobertura formal o las autorizaciones preceptivas o contraviniendo las condiciones impuestas, y en todo caso los movimientos de tierras, y las extracciones de áridos, tendrán la consideración de infracciones graves.
  Además, en este caso hay que aplicar el apartado 4.a) que tipifica las anteriores infracciones como muy graves cuando afecten a terrenos declarados como Sistemas Generales y zonas de protección o Servidumbre de dominio público, en este caso de Costas, o el deterioro de bienes catalogados. Estas infracciones serán sancionadas con multa de 25.000.001 a 100.000.000 de pesetas.
  Al ser una infracción con agravante, se aplicará el mínimo anterior, prevaleciendo sobre el Artículo 218.- Extracción de áridos: Se sancionará con multa de 100.000 a 100.000.000 de pesetas las extracciones de áridos sin las autorizaciones preceptivas. La multa se graduará teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la extensión de suelo afectada y el volumen de la extracción.
  Además, considerando los Art. 196, 197 y 199 del DL 1/2000, la multa debiera graduarse en la mitad superior, por los agravantes de la ocultación de datos relevantes (inexistencia de Costa Lairaga SA), irregularidades en los proyectos técnicos, el alto grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual del promotor, y sobre todo el elevado beneficio obtenido de la infracción.
  En todo caso, el Artículo 195 implica la exclusión de beneficio económico, ya que en ningún caso podrán las infracciones reportar a ninguno de sus responsables un beneficio económico. Cuando la suma de la multa y, en su caso, del coste de la reposición de las cosas a su primitivo estado arroje una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.
  En relación con el beneficio económico, deberá ser evaluado explícitamente por la Agencia, pero como simple aproximación hay que considerar que se ha explotado una superficie de unos 42.500 m2, y que con un estrato de arena de 3 m de altura, según consta en el proyecto, suponen unos 127.500 m3 de arena, y que con un precio mínimo en cantera de 30 euros/m3, arroja un importe de venta de 3.825.000 euros (636.000.000 Ptas). Incluso considerando un beneficio neto de sólo el 50%, los beneficios pueden rondar los  1.912.000 euros (318.000.000 Ptas).
  Por último, hay que valorar que, según el art. 203.4. Todas las sanciones pecuniarias por infracciones en materia de medio ambiente se ingresarán en el Tesoro del respectivo Cabildo Insular, debiendo afectarse de forma finalista a inversiones o mantenimiento de los Espacios Naturales Protegidos. Y también que las multas han de actualizarse según el IPC de 1999 = +18.5% (disposición final séptima.2)

b) Esta extracción de arena está expresamente prohibida por la Ley de Costas y su Reglamentes. Gran parte del territorio afectado actualmente por la explotación (26.900m2), a menos de 100 metros de la ribera del mar, es zona de servidumbre de protección de costa. Según el Art. 175.2 del Reglamento de Costas “Serán infracciones graves: c) La extracción no autorizada de áridos”, y el valor de la multa será la del 100% del valor de los áridos extraídos.

c) Esta explotación minera es una “Actividad clasificada” por sus molestias según la Ley 1/1998 de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, que el promotor ha realizado sin la preceptiva autorización, ya que todavía estaba en información pública cuando la explotación se estaba agotando en diciembre de 2003, lo cual supone una infracción muy grave.
Como criterios de aplicación, el Art 56.2 indica que en ningún caso el beneficio que resulte de la infracción será superior a la multa correspondiente pudiendo, previa audiencia especial al interesado, incrementarse la misma hasta la cuantía equivalente al duplo del beneficio obtenido.
 
d) El proyecto de explotación de arenas “El Roque” dispone de Declaración de Impacto Ecológico (BOC 45/1993), con la categoría de evaluación de impacto ambiental, la resolución resulta ser condicionada y tiene carácter vinculante (anexo 2). La explotación no ha cumplido las condiciones de la resolución (por ejemplo, la Servidumbre de Protección de Costas).
La Ley 11/90 en su Art.42. b) considera como falta muy grave el incumplimiento del condicionado ambiental de las Declaraciones de Impacto Ecológico en supuestos de Evaluación de Impacto Ambiental. El Art. 35.2. señala que las faltas muy graves se sancionarán con multa de hasta cien millones de pesetas, y que cuando el acto tipificado como infracción administrativa produjera una alteración de la realidad biofísica, su promotor deberá proceder a la restitución de la misma en la forma que disponga el órgano ambiental competente.

e) Respecto a la falta de Publicidad en el emplazamiento de las obras, el Art 215 del DL 1/2000 señala que se sancionará con multa de 10.000 a 500.000 pesetas el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175.

f) Respecto a la posible reducción de la multa si el responsable de la alteración de la realidad la repusiera a su estado anterior, en cualquier caso prevalece el Artículo 195 del DL 1/2000 sobre  Exclusión de beneficio económico, ya que en ningún caso podrán las infracciones reportar a ninguno de sus responsables un beneficio económico. Cuando la suma de la multa y, en su caso, del coste de la reposición de las cosas a su primitivo estado arroje una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo

g) Respecto a las personas responsables de las infracciones, además del promotor privado (ya que previamente se ha disuelto la sociedad mercantil Costa Lairaga SA), el DL 1/2000 en su artículo 189.2 incluye: El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción; los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico.
 


4) Denuncia ante el Ministerio Fiscal y los órganos del orden jurisdiccional penal de los hechos que, a resultas de las actuaciones de comprobación a que se refiere la letra a), se consideren constitutivos de delito o falta.

Se considera que ante el elevado número y la magnitud de las infracciones denunciadas, y la personalidad de los posibles responsables, que existe indicios fundados de “delito ecológico”, por lo cual los resultados de los expedientes de este caso debe ser elevado al Ministerio Fiscal para su admisión a trámite.


Septiembre 2004