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El
ciudadano interesado en los asuntos de la sociedad, en la cosa pública,
se pregunta casi a diario cómo puede ser que siempre sean las
constructoras y sus secuaces en los distintos gobiernos las que defiendan
proyectos mastodónticos que destrozan el medio ambiente, gastan
recursos tan necesarios en otras áreas absolutamente desatendidas,
inventan necesidades inexistentes para la aprobación de su proyecto
y pretendan demostrar su idoneidad con argumentos falsos y siempre contrarios
a los que emiten todas las organizaciones que se preocupan por la conservación
de nuestro paisaje y los expertos en la materia. No una de ellas, sino
todas. |
Es más, los promotores de estas brillantes ideas que a nadie benefician tampoco tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos y esconden la brutalidad ecológica que supone el proyecto y la obra, para que se reduzca el número de los que protestan y se manifiestan contra la agresión que se pretende hacer al paisaje, y en consecuencia a la sociedad de hoy y de mañana
Éste es el caso del proyecto de construcción de un macropuerto industrial para el sur de Tenerife, en la costa de Granadilla, un proyecto de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (Ministerio de Fomento), incomprensiblemente avalado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla. A los ciudadanos sólo nos cabe pensar que un proyecto como éste de consecuencias nefastas e irreversibles según el dictamen de todos los expertos consultados, absolutamente insostenible no sólo en materia medioambiental sino también en lo social y lo económico, a la fuerza ha de responder a los intereses ocultos y especulativos de unos pocos.
¿No son los gobiernos los responsables de preservar un medioambiente ya altamente degradado como es el de Canarias? ¿O realmente su único interés es el enriquecimiento de unos pocos aún a costa de devastar el paisaje y desatender la infinidad de necesidades de un pueblo que tantas carencias tiene?
Ya que la voz del sentido común y la sabiduría medioambiental y social no llega a nuestros gobernantes, la única solución que tenemos los ciudadanos para defender esos seis kilómetros de costa, virgen aún, y oponernos a los brutales e inútiles transportes de materiales que la dejarán maltrecha para siempre, es unirnos en la protesta y con esa fuerza recurrir a las instancias superiores. Nuestro compromiso responsable puede y debe detener las inútiles agresiones al medioambiente y a la sociedad que inventa la codicia.