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Sumario

bulletEl nuevo Gobierno balear quiere frenar la avalancha de turismo y de urbanizaciones
bulletNo habrá nuevos campos de golf con complejos hoteleros al lado
bulletLos mártires verdes de Riotinto
bulletLa Politécnica de Madrid promueve un modelo de azotea ecológica
bulletLa empresa privada colabora en la prevención de incendios forestales
bulletLos españoles son los europeos que menos montan en bicicleta
bulletSupremo: ocho meses de cárcel por contaminar un acuífero
bulletLos bancos de semillas, recurso para preservar la flora mediterránea
bulletBaleares bloquea toda construcción a menos de 250 metros del mar

 

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El nuevo Gobierno balear quiere frenar la avalancha de turismo y de urbanizaciones

El programa del centro-izquierda pretende recortar las plazas en oferta y aumentar la calidad

ANDREU MANRESA, Palma de Mallorca
El PP ganó las elecciones en Baleares pero ha perdido el gobierno. El Gabinete conservador ya no satisfacía plenamente a los intereses turísticos de los empresarios de las islas. En Calvià, una de las localidades turísticas más importantes de España, la alcaldesa socialista barrió al candidato del PP. De nada sirvió que tenga allí su domicilio el presidente autonómico saliente, Jaume Matas. El nuevo Gobierno que presidirá Francesc Antich (PSOE), con apoyo de varios partidos nacionalistas y de izquierda, tiene ante sí el reto de buscar una mejor comprensión de los intereses económicos de las islas.

De momento, ecologistas y grandes compañías turísticas internacionales han encontrado asumible el mensaje antidesarrollista del futuro Gobierno balear, respaldado por el PSOE, los nacionalistas de Unió Mallorquina y del Partido Socialista de Mallorca, y por Progresistas de Ibiza y Formentera e IU-Els Verds. La gallina de los huevos de oro está a punto de desfallecer de agotamiento. Ésa es la clave de por qué el cambio político de Baleares ha cuajado.

"Es bueno que se abran las ventanas, se frene el expansionismo y pasen al frente otros hombres", asegura un destacado financiero insular. El nuevo Gobierno pondrá en primer plano frenar el crecimiento de la actividad turística y congelar el proceso de urbanización del interior y litoral de las islas. Lejos de asustar, eso sintoniza con unos empresarios que ya le han visto las orejas al lobo del expansionismo sin barreras en un territorio frágil.

El futuro Ejecutivo pretende reducir la afluencia masiva de turistas en verano, recortar plazas en oferta y diversificar hacia la cultura y el ocio en la naturaleza a lo largo de todas las estaciones del año. Se trata de mejorar en calidad y no en cantidad.

El PP ya inició ese camino de reconversión turística, pero pecó de tímido y produjo unos efectos indeseados. Los propios empresarios criticaron el alza especulativa del precio del suelo y de los hoteles causada por la política del PP.

Las áreas centrales de actuación del nuevo Gobierno serán la política turística y la ordenación del territorio. La modernización de las instalaciones hoteleras conllevará el derribo de edificios viejos en los núcleos tradicionales del perfil de las islas, donde se concentran 400.000 plazas controladas y 150.000 sumergidas. La población residente en Baleares es de 760.000 personas. Se estima que los turistas la duplican, pero se desconocen las cifras reales.

En esta apuesta de crecimiento cero, de carácter intervencionista, se adoptarán medidas a favor de la calidad en zonas históricas y ámbitos de ocio alrededor de parques naturales.

"Se trata de que venga menos gente y de mejorar la categoría de la oferta para tener un turismo de mayor capacidad adquisitiva y más rentable para todos", explica Maria Antònia Munar, la dirigente de la liberal Unió Mallorquina y presidenta del Consell de Mallorca, cuyos votos han sido claves para constituir la nueva mayoría arco iris que aparta al PP del poder autonómico en Baleares, después de 16 años ininterrumpidos. Munar ha sido la diana de muchas diatribas por su apoyo a la izquierda. Pero pocos saben de su conocimiento sobre la realidad turística y empresarial de las islas. Durante el último año, cada semana ha mantenido un encuentro con hoteleros y financieros de Baleares. "Hace falta un cambio de modelo, y en esta cuestión todos nos diferenciamos del PP", subraya su aliado, el socialista Francesc Antich.

El inspirador de esta nueva política sobre turismo es Celestí Alomar, probable consejero de Turismo. "Parar y modernizar", dice Alomar, "son tendencias que propicia el propio sector empresarial hotelero, y que reclaman tanto el mercado como los operadores internacionales".

Uno de los hoteleros mallorquines de más peso internacional, Miguel Fluxá, del Grupo Iberostar, se pronunció, antes de las elecciones, sin ambajes, contra el crecimiento y la proliferación de camas. El equipo socialista ha trazado su proyecto en diálogo con los agentes empresariales y sociales, sin pronunciamientos adversos de las patronales. Alomar fue alto cargo de Turismo en el último Gobierno de Felipe González y antes trabajó en el Gobierno autonómico del PP de Baleares. "En mi época se rebajaron las plazas hoteleras. Luego se dispararon", agrega.

El programa del futuro Gobierno intenta evitar un eventual colapso de la exitosa y espontánea vía económica balear, por saturación de visitantes concentrados en los cien días vacacionales del año. La voz de alarma sobre "la sensación de agobio y atasco" en playas y carreteras de Mallorca e Ibiza la había dado el propio Gobierno del Partido Popular, en agosto de 1998.

Pero ya era tarde. "Hemos tocado techo, no podemos crecer más", dijo entonces el hasta ahora presidente balear, Jaume Matas.


No habrá nuevos campos de golf con complejos hoteleros al lado

A. M., Palma
La perspectiva de estabilización del turismo y freno al consumo de territorio está muy concretada en el programa de Gobierno de la nueva mayoría. En él figuran la paralización de grandes proyectos de construcción de impacto ambiental más duro en el litoral -en Ciutadella e Ibiza, por ejemplo- y en el interior insular, al igual que el rechazo a nuevos campos de golf que conlleven oferta residencial u hotelera. Se prohibirán las construcciones en áreas naturales protegidas y frágiles, y habrá un parón en la inversión inmobiliaria y residencial dentro del suelo rústico. La febril compra y venta de terrenos y casas ha provocado una verdadera ebullición económica recalentada por la entrada de dinero negro y la enorme demanda de clientes alemanes. Los precios han tenido un crecimiento sostenido de 15 puntos por año.

Las leyes turísticas y urbanísticas de los Gobiernos conservadores desde 1983 tendrán que ser modificadas, y algunas derogadas en el Parlamento, con el objetivo de "mantener un dinamismo económico respetuoso del medio ambiente", según recoge el pacto. En las treinta páginas del acuerdo se especifica el nuevo esquema de infraestructuras que los progresistas desean: nuevos ramales de ferrocarril y tranvía en Mallorca, o el desdoblamiento de carreteras como alternativa a las autopistas. Se descarta la apertura de una nueva incineradora de basura en Mallorca y habrá una moratoria para nuevos puertos deportivos.

Acuerdo pragmático

Las cuestiones medioambientales han sido motivo de discordia entre los mismos grupos actualmente aliados, que paralizaron durante meses la acción política del Gobierno del Consell insular de Mallorca, la Administración equivalente a la Diputación Provincial. Ahora han coincidido formaciones proteccionistas y grupos moderados de centro, de origen muy diverso. "No ha habido ningún punto programático que nos haya enfrentado y existe un verdadero compromiso de estabilidad", explica el futuro presidente, Francesc Antich, que reserva al PSOE las carteras de Presidencia, Fomento, Energía, Hacienda, Sanidad e Interior, además de Turismo. El Partido Socialista de Mallorca tendrá Educación y Cultura, Agricultura y Comercio. Unió Mallorquina no quiere comprometerse, y estará solo en el Consell de Mallorca, con el PSM.

Izquierda Unida, con un Eberhard Grosske anguitista pero sin prevenciones para sostener al PSOE y a un partido de centro nacionalista, administrará la cartera de Acción Social, y sus socios de Els Verds, la de Medio Ambiente. Pero Els Verds no verán aprobada por el momento la pretendida tasa ecoturística, que querían cobrar a cada turista a su llegada a las islas.

Uno de los objetivos verdes que se ha incorporado es la eliminación de los perdigones de plomo en los cartuchos de caza y su sustitución por los de plástico.

El País, [18-07-1999]

 

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Los mártires verdes de Riotinto

JUAN COBOS WILKINS
El 4 de febrero de 1888, entre 12.000 y 14.000 personas se manifestaron en Riotinto contra las emisiones de azufre de la empresa británica Riotinto Company Limited. El Ejército disparó. Aún hoy se desconoce el número de muertos.

Se adjudican definitivamente en venta las minas de Riotinto a los señores William Edward Quentell, Ernest H.Taylor y Enrique Doestsch, por sí y en representación de la casa Mathesson y compañía, de Londres, por la suma de 92.800.000 pesetas, al tenor de la proposición garantizada con el previo depósito y aceptada por el Gobierno, en los términos que previenen las leyes de 23 de junio de 1870, 20 de diciembre de 1872 y el anuncio oficial de 4 de enero del presente año".

Así, en el año 1873, quedaron vendidas por el Gobierno español a una compañía británica las legendarias minas de Riotinto (Huelva). Los ingleses llegados a ese remoto lugar del suroeste procedían en buena medida de una floreciente burguesía formada en los public schools y no albergaban duda alguna sobre su posición social, mando y privilegios. Levantaron su barrio de arquitectura victoriana, Bellavista (perfectamente conservado en la actualidad: incluido el, si hoy ya no tan efectivo sí altivamente simbólico, muro de piedra que lo separa del resto de la población), en las oficinas ondeó la bandera del Reino Unido y trajeron al archidiácono de Gibraltar para dar la comunión a los anglicanos.

La población minera española estaba formada por trabajadores de todo el territorio nacional, especialmente de Asturias y Galicia. Vinieron al reclamo de la prosperidad que los yacimientos iban a tener bajo la explotación inglesa.

El año de la venta trabajaban en las minas unos 1.000 hombres, pero en 1888 -fecha de este relato- sumaban ya 10.000. Y la Riotinto Company Limited se había convertido en la más importante organización comercial de todo el país, además de extender sus tentáculos a la política. Para los habitantes de la cuenca minera de Huelva era, y lo ha seguido siendo hasta 1954, cuando los yacimientos retornan al dominio español, una abstracción sin rostro, un fantasma omnipotente: La Compañía.

Fueron las calcinaciones al aire libre el detonante de un conflicto que devino en tragedia. Este método activamente practicado por los ingleses en Riotinto -aunque prohibido en su país de origen- consistía en la lenta combustión, día y noche, del mineral, en grandes piezas llamadas "teleras", que arrojaban a la atmósfera espesas nubes envenenadas de dióxido de azufre. Si no eran arrastradas por el viento, permanecían posadas sobre el valle, creando lo que dio en nombrarse como "la manta". En los días oscuros de manta, la gente se encerraba en sus casas o, buscando refugio, subía a los montes cercanos, mientras los densos humos sulfurosos, como un sueño dantesco, asolaban el paisaje. Sus efectos, obviamente nocivos para la salud, se hacían sentir a lo largo de kilómetros, arrasando también a su paso, como una plaga mefítica, agricultura y ganadería. Cuando así sucedía y, por tanto, resultaba imposible acudir al trabajo -la falta de visibilidad era tal que dio lugar a un choque frontal de trenes-, La Compañía retenía y no abonaba la mitad del jornal.

El descontento, el malestar social de mineros y agricultores que veían arruinarse sus cultivos, encontraron en un hombre, Maximiliano Tornet, y en una agrupación, La Liga Antihumos, los cauces para hacer valer sus protestas. Ésta, La Liga, la encabezaba José María Ordóñez Rincón, yerno de José Lorenzo Serrano, importante terrateniente de Zalamea, uno de los pueblos vecinos afectados. Y aquél es una figura singular, incluso misteriosa: Maximiliano Tornet había llegado a Riotinto en 1883, expulsado de Cuba -por entonces colonia española- a causa de sus actividades revolucionarias.

Tornet comienza a trabajar en las minas y alcanza el puesto de cronometrador de un alto horno, mas cuando el 26 de agosto de 1887 es descubierto vendiendo periódicos con propaganda revolucionaria, se le destituye fulminantemente y es detenido y encarcelado. Pero, cumplida su condena, regresa a Riotinto y, apoyado por sus antiguos compañeros, reinicia sus actividades clandestinas. Su capacidad de liderato, su carisma, van atrayendo progresivamente a los mineros a plantear una serie de reivindicaciones, entre ellas: prohibición de las teleras; abono completo del salario los días que no podían trabajar por la manta; reducción de las 12 horas de trabajo a nueve; prohibición del sistema de contratos mensuales en los trabajos de las minas y relevo del jefe de ese departamento.

Esta situación -un polvorín- encuentra el nuevo director de las minas, William Rich, cuando, para sustituir al anterior, John Osborne, pisa por primera vez aquella tierra. Desde ese momento -última semana de enero de 1888- los acontecimientos van a sucederse trágica y vertiginosamente.

El miércoles 1 de febrero comienza la huelga. La paralización es prácticamente completa a lo largo de los dos días siguientes. Mientras Rich busca la connivencia del gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, y reclama fuerzas de apoyo para los guardas al servicio de la empresa y los pocos guardias civiles -10, y de ellos, uno enfermo- del puesto local, Tornet, a su vez, consigue que La Liga Antihumos se sume a la gran manifestación prevista para el sábado 4 de febrero.

El paisaje insólito de Riotinto sirvió de espectacular telón de fondo a las columnas de manifestantes que, encabezada una por Ordóñez Rincón y Lorenzo Serrano, y la otra por Tornet, los tres a caballo, y precedidos por una banda de música y pancartas en las que podía leerse "¡humos no!", "¡viva la agricultura!", se reunieron en un lugar de resonancias bíblicas, el cárdeno Cerro de Salomón, para formar una sola y formidable marea humana. Eran miles. Y otros tantos los que ya esperaban en Riotinto y, a su paso, vitoreaban y aplaudían. Se calcula entre 12.000 y 14.000 personas, pues a la manifestación, pacífica -y esto lo prueba-, habían acudido también mujeres y niños. Una reivindicación laboral, social, política y, si se quiere, en cierto modo, el primer antecedente ecologista. Cuando llegaron a la plaza, Tornet, Ordóñez, Serrano, el alcalde de Zalamea y los representantes de otros municipios afectados se dirigieron al Ayuntamiento, en cuyas dependencias el alcalde y los concejales se encontraban reunidos. Pretendían los manifestantes que la corporación tomase el acuerdo de prohibir las calcinaciones al aire libre.

Entretanto, el gobernador civil descendía de un tren en la estación minera y se abría paso hacia la plaza escoltado por soldados del Regimiento de Pavía -al mando, el teniente coronel Ulpiano Sánchez- desplazados a Riotinto para poner fin a la manifestación. Ya en la plaza, la tropa se apostó frente a la multitud y Bravo y Joven se dirigió al encuentro de los reunidos en el Ayuntamiento. En tono desabrido les hizo saber que anularía cualquier resolución que tomasen. Y varias veces salió al balcón para exhortar a los manifestantes, para exigir a los huelguistas que depusieran su actitud o, en caso contrario -amenazó-, ordenaría hacer uso de la fuerza. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Quién dio la orden? Se ignora. Pero, de pronto, inesperadamente, los soldados abrieron fuego contra la multitud: una, dos descargas. Luego, las bayonetas. Miles de personas huían despavoridas, arrancando de cuajo, a su paso, los bancos, aplastándose unas a otras. Nunca se supo el número de muertos. Nunca. Sí que entre ellos hubo mujeres, niños... A muchos los hicieron desaparecer en las escombreras, en los escoriales. Los heridos, por temor a represalias, permanecieron ocultos.

El gobernador civil dictó al día siguiente un bando induciendo a los mineros a retornar al trabajo, ya que La Compañía se mostraba dispuesta a no descontarles el salario del 4 de febrero, de aquel sábado de 1888, un día teñido del color del río Tinto.

El País, [12-07-1999]

 

bulletLa Politécnica de Madrid promueve un modelo de azotea ecológica

F. NEIRA, Madrid
Las azoteas, quintas fachadas de los edificios, pueden embellecerse con especies vegetales autóctonas que, al tiempo, permitan ahorrar energía y reutilizar el agua de la lluvia. Ése es el principio que ha inspirado la construcción de las llamadas terrazas ecológicas, un sistema desarrollado por profesores de Arquitectura y Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid que ayer se presentó en un polígono industrial de Colmenar Viejo.

A la puesta de largo de la edificación pionera asistieron el rector de la universidad, Saturnino de la Plaza, y la directora del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Carmen Becerril. Las azoteas verdes no precisan de mantenimiento, presentan un fino depósito (aljibe) para conservar el agua de lluvia y obtienen un doble beneficio: que el inmueble pierda menos calor durante el invierno y se mantenga más fresco en verano. Todo ello se traduce en un "sensible ahorro energético", según los promotores de la instalación.

Estas azoteas se prometen benéficas, además, para combatir la contaminación en las ciudades. Si todos los edificios madrileños con cubiertas horizontales asumieran el sistema, se generaría, según la Politécnica, un espacio vegetal igual a siete veces el Parque del Retiro.

EL PAIS, 23-06-99

 

bulletLa empresa privada colabora en la prevención de incendios forestales

Barcelona (Redacción.) - El Consejo Comarcal del Alt Penedès, el departamento de Agricultura y la Diputación de Barcelona, en colaboración con la Fundación Miguel Torres, han llevado a cabo diversos programas de prevención de incendios forestales pioneros en España que tienen como ámbito de actuación la comarca del Alt Penedès.

Entre estas iniciativas se encuentra la puesta en marcha de programas de vigilancia, la creación de varios programas de educación y sensibilización así como de una exposición itinerante, el control y la eliminación de los vertederos incontrolados y el apoyo a los voluntarios forestales. Estas iniciativas se pusieron en marcha tras los grandes incendios que en 1994 asolaron las comarcas del Garraf y el Alt Penedès. Su aplicación ha representado una sensible disminución del riesgo de fuegos en la zona.

La Fundación Miguel Torres, en colaboración con el Consell Comarcal ha propuesto a la Generalitat un programa de prevención exclusivo para esta comarca. Entre los objetivos que se ha marcado se encuentra el análisis de la situación de las urbanizaciones; análisis del estado general de los boques y de las principales comunicaciones, así como una propuesta para mejorar su gestión y una optimización de su estado sanitario. Entre otros objetivos fijados se encuentra el estudio de las condiciones de visibilidad de las actuales torres de vigilancia y la mejora de la actual red de caminos y de los puntos de aprovisionamiento de agua.

La Fundación Miguel Torres está vinculada a la empresa vinatera del mismo nombre, con importantes propiedades en la zona.

La Vanguardia, [16/06/99]

 

bulletLos españoles son los europeos que menos montan en bicicleta

Madrid. (Efe) - Los españoles son los ciudadanos de la UE que montan menos en bicicleta, con un porcentaje de 24 kilómetros al año por habitante, frente a los 1.019 kilómetros que recorre anualmente un holandés, según una publicación de la Comisión Europea sobre las ventajas de este medio de transporte ecológico.

Según este informe sobre las ventajas medioambientales y físicas que tiene usar este medio de transporte en las ciudades, en España el 4,4% de la población coge la bicicleta una o dos veces a la semana, y el 3,9% entre una y tres veces al mes. De los 70 billones de kilómetros anuales que se recorren en bicicleta en la UE, 958 corresponden a cada danés; 327 a cada belga y 300 a cada alemán, según esta publicación titulada Montar en bicicleta: el camino adelante para las ciudades.

Las estadísticas de la Dirección General VII (encargada de los transportes), revelan también que, por delante de España se sitúan Portugal, con 35 kilómetros anuales por habitante, y Luxemburgo, con 40, mientras que en Grecia y Francia se recorren, respectivametne, 91 y 87 kilómetros por habitante y año. La Comisión Europea reivindica las ventajas de la bicicleta pra trasladarse por las ciudades frente al automóvil privado, pues entre 1990 y 1999 las emisiones de CO2 en la UE se redujeron en todos los sectores salvo en el de los transportes, donde aumentaron en un 15 por ciento. Además, el 82 por ciento de los europeos considera prioritarias las cuestiones medioambientales y el 83 por ciento coincide en que los transportes públicos deberían recibir un trato preferencial frente a los vehículos privados.

Y es que más del 30 por ciento de los desplazamientos en coche en la UE cubren distancias inferiores a 5 kilómetros, y en el 60 por ciento de ellos el automóvil podría ser reemplazado por la bicicleta porque son para realizar compras, actividades sociales o servicios. Según un estudio realizado en Francia, y citado en esta publicación, es "realista" pensar en que en las ciudades entre el 14 y el 17 por ciento de los desplazamientos se podría hacer en bicicleta. Para ello, la Comisión Europea hace un llamamiento a las autoridades para favorecer su uso.

La Vanguardia [14/06/99]


bulletSupremo: ocho meses de cárcel por contaminar un acuífero

FERNANDO GARCÍA

Madrid. - El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a ocho años de cárcel más multa de 7,5 millones de pesetas que la Audiencia de Tarragona impuso en enero de 1988 a Francisco Olivé Calmet por un delito contra el medio ambiente en relación con el vertido tóxico de tetracloruro de carbono que su empresa, Sociedad Industria Química Olivé, hizo sobre el acuífero número 74 del Camp de Tarragona en 1994. El industrial, que no tendrá que cumplir la pena de prisión salvo que los jueces aprecien "peligrosidad criminal", no sólo deberá pagar de forma inmediata la multa mencionada, sino también una indemnización a las comunidades de propietarios de l'Albada y La Fraternal (en la zona de Les Irles) cuya cuantía corresponde fijar a la Audiencia tarraconense.

La sentencia del Supremo recoge como hechos probados que la instalación de la fábrica donde se produjo el vertido presentaba un "pésimo estado de conservación", con deficiencias como "depósitos de materias primas en muy mal estado, arquetas de decantación y tuberías de conducción en estado deplorable", o "suelo con sustancias desparramadas y agrietado", todo lo cual determinó la filtración de una importante cantidad de tetracloruro de carbono en el acuífero referido y en los pozos construidos en la zona.

La resolución recoge la consideración de los magistrados de Tarragona en cuanto a que "cabe considerar acreditado que el tetracloruro de carbono es una sustancia tóxica que puede comprometer gravemente la salud"; en concreto, mientras a dosis bajas produce alteraciones gastrointetinales y afectaciones de las funciones hepática y renal, a dosis altas o tras una exposición prolongada los efectos pueden ser agudos y, según la literatura científica, hasta de tipo cancerígeno.

La Vanguardia, [09/06/99]


bulletLos bancos de semillas, recurso para preservar la flora mediterránea
I.F.B, Madrid

Cuando se habla de especies en peligro se tiende a recordar el lince, el oso pardo, el águila imperial o el quebrantahuesos, pero España no sólo es el  último refugio de éstos y otros animales amenazados, nuestra biodiversidad es especialmente rica en especies vegetales, albergando una de las mayores riquezas botánicas del mundo, con unas 8.000 especies, de las que más de 1.200 son endémicas (exclusivas de nuestro patrimonio natural), correspondiendo unas 530 a las Islas Canarias y entre 700 y 800 a la península y Baleares. Para hacerse una idea de lo que esto supone basta considerar que el Reino Unido tiene apenas 12 endemismos, Francia 80 y Holanda ninguno. Pero semejante riqueza significa también una mayor
amenaza. Los expertos advierten que, si no nos preocupamos por su conservación, la mitad de ellas podrían desaparecer de su hábitat natural en los próximos años, presionadas por la expansión de las actividades humanas y sustituidas por las escasas especies vegetales que medran con el ser humano por adaptarse mejor a los ambientes que éste transforma. Un grupo de especialistas de España, Francia, Italia, Portugal y Marruecos, se han reunido en Madrid recientemente, convocados por la Fundación Areces, para hacer una puesta en común de los problemas que afectan a la flora del Mediterráneo, que es la más rica del mundo después de la de los bosques tropicales húmedos. También se trató el caso de las Islas Canarias, ya que aunque representan una región biogeográfica diferente, la macaronésica, los expertos subrayaron que la flora que se encuentra actualmente allí es la que poblaba el Mediterráneo hace 10 millones de años. En sus conclusiones han destacado el enorme avance que se ha producido en el último cuarto de siglo, ya que entonces no se hablaba del tema. "Ahora hay un boom de botánicos en España. Cuando yo acabé la carrera a finales de los 50 debía haber unos 15 como mucho. En un congreso que se celebró en Sevilla en 1973 calculé que habría ya unos cien, con muchos jóvenes interesados en el tema, y somos unos 500, más que en Francia", dice César Gómez, catedrático de Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del simposio.

Protección

Pero también han reclamado una mayor implicación por parte de las administraciones públicas y han resaltado la necesidad de intensificar las acciones de protección, tanto in-situ (en el propio hábitat donde crecen de forma natural) como ex-situ (en jardines botánicos y bancos de semillas). Precisamente, España destaca además en el número y calidad de los bancos de
semillas, auténtico seguro contra una posible catástrofe que eliminara algunos de estos endemismos, ya que permitiría volver a plantar cualquier especie desaparecida. De hecho, ya se han producido algunos casos, según Gómez, como ocurrió con el jaramago de Alborán, una especie que sólo se da allí y que desapareció, aunque afortunadamente él había recogido semillas y las tenía en un banco, de forma que la especie se ha salvado. Lo mismo ocurrió con un endemismo de Menorca, del que se conservaban ejemplares en el botánico de Barcelona. "Tenemos una gran ventaja respecto de la fauna, ya
que las semillas pueden conservarse en perfecto estado durante cientos de años y los bancos permiten garantizar que ninguna especie se perderá, ya que contamos con seis bancos de semillas dedicados a plantas silvestres,
mientras que países como Francia o Italia sólo tienen uno", dice Gómez.

Garantizar la supervivencia

Paso previo a la intención de proteger es la necesidad de conocer. Durante muchos años los botánicos españoles han bebido en la Flora ibérica que publicó a finales del siglo pasado el naturalista austriaco Mauricio Willkomm. Ahora la situación ha cambiado y, desde 1981, está en marcha el proyecto más ambicioso para determinar con exhaustividad todas las plantas que crecen en España, denominado también Flora ibérica y dirigido por Santiago Castroviejo, del Jardín Botánico de Madrid. Hasta ahora han salido siete tomos, cada uno dedicado a una familia, y están en curso de publicación otros dos. Gracias a la investigación propiciada por esta empresa, "cada año se descubren dos o tres nuevas especies", dice Castroviejo. Un elemento clave para la preservación de la flora española vendrá de la mano del ambicioso programa europeo de conservación de la biodiversidad Red Natura 2000, por el que cada país debe proponer la incorporación de un número suficiente de espacios protegidos para garantizar la supervivencia de sus especies de flora y fauna. La propuesta española,
según Jesús Serrada, subdirector general de Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, incluye unos 700 espacios, con una superficie de más de 7,1 millones de hectáreas, lo que supone un 14% del territorio nacional. Los espacios ya protegidos con las diversas figuras existentes apenas suponen tres millones de hectáreas. "En superficie somos el país que ha presentado una propuesta mayor, aunque en porcentaje teórico nos supera Dinamarca, que llega al 20%, pero ha incluido zonas marinas. En número de espacios nos supera Italia, que ha presentado más de mil, pero la mayor parte de ellos muy pequeños, a veces de una hectárea, y es absurdo intentar proteger un espacio así", dice Serrada.

Debate sobre plantas transgénicas y cambio climático

Los bancos de semillas son la solución última para la conservación de las plantas, pero lo ideal sería conservarlas en su propio territorio, aunque ello implicaría en numerosas ocasiones una auténtica revolución social. Según Josep Maria Montserrat, investigador del Instituto Botánico de Barcelona y especialista en la flora pirenaica, el principal problema es el abandono de los espacios rurales. "En el prepirineo español se están quedando completamente vacías regiones enteras, con áreas de casi mil kilómetros cuadrados, y las consecuencias aún no las sabemos, porque los ciclos de respuesta son más largos que nuestra capacidad de análisis, pero las primeras estimaciones apuntan a una pérdida importante de especies endémicas o al menos de plantas raras", dice. Esta pérdida se debe a que hay muchas plantas asociadas al hombre y a la ganadería, ya que los herbívoros expanden las semillas y proporcionan materia orgánica. Este científico no ve, sin embargo, como un gran problema dos de las amenazas más aireadas últimamente por los grupos conservacionistas: las plantas transgénicas y el cambio climático. De las primeras asegura que "hay que demostrar que existe el peligro de que los genes se propaguen y es difícil dar una respuesta". De la posibilidad de que el cambio climático sea tan rápido que impida la migración de las especies vegetales y provoque su extinción, explica que las transformaciones producidas en la cubierta vegetal durante los últimos 10.000 años han sido mucho más importantes y han proporcionado, junto a la actividad humana, los paisajes actuales, que son los que se quieren preservar. "Existen problemas mucho más importantes, como el del abandono rural" dice, al tiempo que denuncia, como otros expertos, la contradicción entre algunas normas de la UE, como las destinadas a conservación de la naturaleza por un lado y las de la Política Agraria Común por otro, con evidente menoscabo de las primeras.

Catálogos

Para facilitar la tarea conservadora, varias comunidades autónomas disponen de catálogos de especies amenazadas y existen dos libros rojos que permiten disponer de una información completa. Estos trabajos permiten poner en marcha programas de conservación específicos y viables. En 1994, la Junta de Andalucía daba a conocer el Catálogo andaluz de especies amenazadas, en el que se incluyeron 191 especies, de las cuales 70 se consideraban en peligro de extinción y 121 vulnerables. Andalucía es la comunidad autónoma peninsular más rica en botánica y, dentro de ella, ofrece especial interés Sierra Nevada, con 65 endemismos, de los que 36 se encuentran en peligro de extinción, ya que de algunas de ellas apenas se conservan medio centenar de ejemplares. La declaración de parque nacional de la zona permitirá garantizar mejor su preservación.


EL PAIS, 3 de febrero de 1999

 

bulletBaleares bloquea toda construcción a menos de 250 metros del mar

F. G, Madrid

El Consejo del Gobierno balear aprobó ayer un proyecto de ley en el que se contemplan las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) para la comunidad para los próximos 10 años. El objetivo de este proyecto, que aún debe aprobar el parlamento balear, es, según el presidente de la Comunidad, Jaume Matas, "que la economía balear crezca en calidad y no en cantidad".

Las directrices básicas son que no se podrán hacer nuevos hoteles (que sólo serán de cuatro o cinco estrellas) sin dar de baja hoteles viejos. Y que no se podrá edificar ninguna nueva urbanización a menos de 500 metros de la costa ni casa a menos de 250 metros. Y si es zona protegida, nunca a menos de 500 metros. También se limita el crecimiento del consumo de territorio urbano a un 10% en 10 años.

El proyecto desclasifica 4.400 hectáreas urbanizables para convertirlas en terreno rústico, según Matas. El objetivo es no superar 1,7 millones de habitantes en 10 años, frente a los 1,5 millones actuales. Como las medidas harán subir los precios de las viviendas, habrá subvenciones a menores residentes de 35 años para la compra y rehabilitación, así como indemnizaciones para los dueños de zonas que se reclasifiquen.

El Pais, [26-1-1999]
 
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